15.- ¿Cuál es el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno a la historia clínica y al derecho a la intimidad?

Según lo normado en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981 la historia clínica es definida como: «…el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley». El Decreto Reglamentario 3380 de 1981 en su artículo 23 dispone: “El conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del médico o de la institución en la cual éste labore, no son violatorios del carácter privado y reservado de ésta” y el 24 de la misma obra dispone: “El médico velará porque sus auxiliares guarden el secreto profesional, pero no será responsable por la revelación que ellos hagan”.

A su turno, la Resolución 1995 de 1999 del otrora Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), establece los parámetros para el manejo de las historias clínicas disponiendo en artículo 14 quiénes pueden tener acceso a ella: “1. El usuario. 2. El Equipo de Salud. 3. Las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la Ley. 4. Las demás personas determinadas en la Ley. PARÁGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo a la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal”.

Del carácter reservado de tal documento se ha ocupado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, tanto de constitucionalidad, como de tutela; veamos:

En sentencia C-264 de junio 13 de 1996 al confrontar algunas disposiciones de la aludida Ley 23 de 1981 con el texto superior relacionadas con el sigilo o secreto profesional el alto Tribunal determinó:

“La historia clínica, su contenido y los informes que de la misma se deriven, están sujetos a reserva y, por lo tanto, sólo pueden ser conocidos por el médico y su paciente”. (Sentencia T-161 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell).

“Sólo con la autorización del paciente, puede revelarse a un tercero el contenido de su historia clínica”. (Sentencia T-413 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz).

“Levantada la reserva de la historia clínica, su uso debe limitarse al objeto y al sentido legítimos de la autorización dada por el paciente”. (Sentencia T-413 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz).

“Datos extraídos de la historia clínica de un paciente, sin su autorización, no pueden ser utilizados válidamente como prueba en un proceso judicial”. (Sentencia T-413 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz).

“No puede el Legislador señalar bajo qué condiciones puede legítimamente violarse el secreto profesional”. (Sentencia C-411 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz).

“El profesional depositario del secreto profesional está obligado a mantener el sigilo y no es optativo para éste revelar su contenido o abstenerse de hacerlo”. (Sentencia C-411 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz).

En situaciones extremas en las que la revelación del secreto tuviere sin duda la virtualidad de evitar la consumación de un delito grave podría inscribirse el comportamiento del profesional en alguna de las causales justificativas del hecho (C.P. art. 29) (Sentencia C-411 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz)”.

También en la decisión T-413 de 29 de septiembre de 1993 precisó el alto Tribunal:

“La violación de la reserva a la que está sometida la información contenida en la historia clínica, vulnera el derecho a la intimidad personal. Cuando se pone en conocimiento de información reservada, a quien no está autorizado para conocerla, se vulnera el derecho al buen nombre de la persona sobre la cual versa la información indebidamente difundida. El uso de información indebidamente difundida, para alterar la apreciación de terceros sobre la persona objeto de ella, viola su derecho a la honra”.

Así mismo, en el fallo T- 158 de 24 de marzo de 1994 concluyó:

“No se puede poner en conocimiento de terceros la información reservada del respectivo paciente, a quienes no está autorizado conocerla, en los términos de los artículos 15 de la Carta y 34 de la Ley 23 de 1981, pues la violación de la reserva a la que está sometida la información contenida en la historia clínica, vulnera en ese evento el derecho a la intimidad personal de la paciente”.

En la misma línea, en la sentencia T-650 de 2 de septiembre de 1999 indicó:

“El derecho a conocer y solicitar una historia clínica, desde el análisis constitucional, está ubicado no en el derecho fundamental al acceso a los documentos públicos, artículo 74 de la Constitución, sino en el ámbito del derecho a la intimidad, derecho consagrado en el artículo 15 de la Carta, ya que se trata de una información privada, que sólo concierne a su titular, y excluye del conocimiento a otras personas, así sean éstas, en principio, sus propios familiares”.

En la sentencia T-114 de 24 de febrero de 2009 hizo el  recuento de su perfil jurisprudencial.

“Inicialmente la Corte Constitucional estimó que la información relacionada con la atención dispensada al paciente, que se anota en la historia clínica, se encontraba de tal manera protegida por la reserva legal, que los datos allí contenidos no podían ser entregados o divulgados a terceros. Al respecto, en sentencia T-161 de abril 26 de 1993, M. P. Antonio Barrera Carbonell, señaló sobre la historia clínica ‘que su contenido y los informes que de la misma se deriven, están sujetos a reserva y, por lo tanto, sólo pueden ser conocidos por el médico y su paciente”.

“Luego, en sentencia T-413 de 29 de septiembre de 1993, M. P. Carlos Gaviria Díaz, expresó que “sólo con la autorización del paciente, puede revelarse a un tercero el contenido de su historia clínica”, y en caso de haberse levantado la reserva, ya sea por autorización del atendido o por autoridad competente, su uso debe limitarse al objeto y al sentido de la autorización dada por el paciente. De lo contrario, los datos extraídos de la historia clínica de un paciente sin su autorización, no pueden ser utilizados válidamente como prueba en un proceso judicial”.

“Es entendido que el derecho a conocer y solicitar copia de una historia clínica, desde la perspectiva constitucional, está limitado fundamentalmente por el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 15 de la Carta, ya que se trata de una información privada que, en principio, sólo concierne a su titular y a quienes profesionalmente deben atenderlo, excluyendo a otras personas, así sean sus propios familiares”.

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