68.- ¿En qué consiste el principio de legalidad de los delitos y las penas?

Este principio hace referencia al axioma A2 Nullum crimen sine lege y garantiza a los ciudadanos que por muy dañosa, aberrante o inmoral que pueda resultar una conducta y aunque ella pueda ser fuente de indemnizaciones en el campo civil; en el ámbito penal, jamás podrá ser considerada como punible si no ha sido previamente descrita en la ley como delito. Gracias al principio en comentario el ciudadano puede  tener certeza de que no está sujeto a la arbitrariedad de las autoridades y que solo será castigado por aquello que se encuentra previamente definido en la ley como delito.

Los instrumentos internacionales ratificados por Colombia que imponen la estricta observancia del principio de legalidad de los delitos y las penas son: inciso 2º del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[1]; numeral 1º del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (Ley 74 de 1968)[2] y el artículo 9º de la Convención Americana de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972)[3]. En el sistema patrio se encuentra cconsagrado el principio en comentario en los artículos 29 de la Constitución Nacional y 6º, 9º y 10 del Código Penal arriba transcritos.

El principio de legalidad se explica con dos ejemplos:

a.- En Colombia no existe el delito de << intervención médica curativa no autorizada>>; así, el médico que en el transcurso de una intervención quirúrgica profundice o extienda la intervención a un punto no informado, previsto y discutido con su paciente, podrá ser demandado civilmente e incurrirá en faltas disciplinaria pero, en principio, no comete ningún delito debido a la atipicidad de la conducta[4].

b.- En Colombia no existe el delito de: <<El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito>>; o el delito de: <<El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles>>; o el siguiente: <<El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1º de este artículo>>, los cuales se encuentran tipificados en el artículo 208 del Código Penal argentino (Ley 11.179). Por consiguiente, si alguien en Colombia ejerce alguna de estas actividades no será penalizado, salvo el caso, claro está, que incurra en una conducta que pueda subsumirse en un tipo penal; como por ejemplo, que con un choque eléctrico mate o lesione a una persona o que con un brebaje envenene a alguien o lo deje ciego.

Sobre el principio de legalidad de los delitos y las penas, dijo la Corte Constitucional lo siguiente:

“El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué “motivos pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Este principio de legalidad penal tiene varias dimensiones y alcances. Así, la más natural es la reserva legal, esto es, que la definición de las conductas punibles corresponde al Legislador, y no a los jueces ni a la administración, con lo cual se busca que la imposición de penas derive de criterios generales establecidos por los representantes del pueblo, y no de la voluntad individual y de la apreciación personal de los jueces o del poder ejecutivo”[5].


[1]  Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

[2] 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

[3] Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

[4] Consúltese el artículo. La justificación de la intervención médica curativa. Ingeborg Puppe. Universidad de Bonn . InDret.

[5] Sentencia C-559/99. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO

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