76.- ¿En qué consiste el principio de presunción de inocencia?

El principio de presunción de inocencia también es un derecho fundamental pues está expresamente incluido dentro del derecho al debido proceso en el artículo 29 de la Constitución, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Como corolario lógico del principio de presunción de inocencia tenemos el indubio pro reo según el cual, toda duda debe resolverse a favor del sindicado. Ferrajoli afirma que si la jurisdicción es la actividad procesal para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena[1].

El procesado no está obligado a probar su inocencia, sino que es al Estado a quien corresponde probar la culpabilidad del acusado. Así se ha dicho desde el medioevo: <<affirmanti non neganti incumbir probatio>> y <<actore non probante reus absolvitur>>. (le incumbe probar a quien afirma,  no a quien niega, Si el actor no prueba, el reo debe ser absuelto). Sobre este específico punto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

“…en materia penal al imputado no le corresponde la carga ni el deber de probar las afirmaciones que haga con el fin de desvirtuar los elementos estructurales de la conducta punible atribuida o su responsabilidad, dado que es el Estado, en razón de su prioritaria y esencial finalidad de hacer efectivas las garantías de los asociados, entre ellas la de tipicidad como expresión del principio de legalidad y del apotegma nullum crimen, nulla poena sine lege, al que le asiste la obligación de llevar al proceso, a través de su aparato judicial, los medios de prueba legalmente previstos que acrediten los elementos integradores de la conducta punible preexistente al tiempo del comportamiento reprochado y la responsabilidad del sindicado.

De ahí la consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona investigada penalmente, según la cual quien sea señalado de un comportamiento descrito como delito no está obligado a presentar al juez prueba alguna demostrativa de la no ocurrencia del hecho ni de la ausencia de responsabilidad, imponiéndose por contraprestación que sean las autoridades quienes deben demostrar la tipicidad y la culpabilidad, en los términos en que la interpretación constitucional[2] también lo ha decantado” [3].


[1] LUIJI FERRAJOLI. Derecho y Razón. Editorial Trota. Pág. 549.

[2] Corte Constitucional, sentencia C-774 de 25 de julio de 2001. M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

[3] Cas. 26909 (24-06-09)

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